El
art. 39 de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT) habilita a los trabajadores
a recurrir al derecho civil en los supuestos de dolo del empleador.
Esta disposición resultó extremadamente polémica, al punto tal que
dio lugar a que la Corte Suprema de Justicia adoptara en diversas ocasiones, criterios
diferentes Mas aún, constituye el principal, aunque no el único, factor
que ha desencadenado en una profunda crisis en el sistema de riesgos
del trabajo.
Planteado en términos didácticos,
el ejemplo mas comúnmente utilizado es el accidente en un transporte
público de pasajeros. Se señala que el chofer accede a las prestaciones
tarifadas que fija la LRT como norma especial, mientras que los pasajeros
tienen derecho a reclamar la reparación del daño a través de los mecanismos
previstos en el Código Civil. Este tratamiento diferente es planteado
como una injustificada discriminación que atenta contra el principio
de igualdad de trato adoptado por la Carta Magna.
La argumentación ignora que
la lógica que justifica la existencia de las normas laborales en general,
y específicamente las relacionadas con los accidentes y enfermedades
profesiones, es justamente fijar tratamientos distintos para gente
en situación diferente. La legislación especial para los siniestros
laborales y todo el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social tienen
fundamento en las probadas evidencias de que las normas del derecho
común no eran la mejor manera de regular el contrato de trabajo.
El ejemplo del accidente en
un transporte alcanza para demostrar esto. Efectivamente, el chofer
tiene una reparación tarifada que en determinadas circunstancias podría
ser menor a la que surgiría de aplicar el Código Civil. Sin embargo,
el acceso a las prestaciones es automático y espontáneo, ya que no
está sujeto a demostrar la responsabilidad de un tercero (el empleador),
y garantizado, ya que no esta sujeto a la solvencia del causante del
daño. Mas aún, el trabajador tiene derecho a prestaciones en hipótesis
que bajo ninguna circunstancias entrarían dentro del ámbito de reparación
del derecho común, como por ejemplo, si el accidente se produjo por
su culpa (manejo imprudente del vehículo incumpliendo normas) o en
ámbitos totalmente ajenos al trabajo (el caso más evidente es el accidente
“in itinere”). Si bien los pasajeros tienen derecho a la reparación
“integral” del Código Civil, su acceso es mucho mas restringido ya
que está condicionado, entre otros factores, a demostrar la responsabilidad
de un tercero. Siguiendo el ejemplo, si el accidente se produce por
una acción imprudente de su parte, el pasajero no tiene ningún tipo
de derecho, como si la tiene el chofer por estar amparado por la norma
laboral.
En el derecho comparado, la
adopción de esta lógica es prácticamente unánime. Haciendo referencia
a los países geográficamente más próximos, la posibilidad de reclamo
en base a la norma civil se encuentra acotada al dolo o culpa en Brasil
(ley 8213/91) o a hipótesis de dolo o culpa grave en Uruguay (ley
16074/89). En el caso de Chile también la opción está limitada a dolo
o culpa (art. 69 de la ley 16.744) e incluye además una cláusula según
la cual el ente gestor de la seguridad social (las Mutuas de accidentes
de trabajo) tiene el derecho a repetir contra el responsable del daño
(que puede ser el empleador) las prestaciones que haya otorgado o
deba otorgar. En la mayoría de los países europeos, que tradicionalmente
fueron fuente de inspiración de las leyes sociales en Argentina, las
posibilidades de plantear los reclamos por la vía civil también son
muy limitadas. Particularmente restrictivo son los casos de Alemania,
Bélgica y Francia que contemplan esta posibilidad solo cuando existe
intencionalidad del empleador en generar el daño.
Las últimas decisiones de la Corte son doblemente cuestionables.
Por un lado, porque al apelar al recurso extremo de declarar la inconstitucionalidad
de una ley sancionada legítimamente por el Congreso utilizando pobres
fundamentos técnicos termina en otra violación a la división de poderes.
Por el otro, porque su finalidad es incorporar la idea anacrónica
y reaccionaria de subordinar el Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social al derecho común. En el corto plazo esto ha generado una enorme
inseguridad jurídica que lleva al absurdo de que las empresas a pesar
de contratar un seguro obligatorio no están exentas de sufrir las
consecuencias de un juicio. En el mediano plazo se agrega otro factor
que permite explicar porque en la Argentina se generan pocos empleos
y de baja calidad.
