Aunque
las mujeres ya hemos superado a los varones en logros educativos,
a la hora de definir posiciones en el mercado de trabajo seguimos
siendo relegadas. Aunque tengamos igual o mejor preparación, nuestros
ingresos son, en el mejor de los casos, un 30% más bajos que el de
los varones.
Ni
que hablar si lo analizamos desde la óptica de las oportunidades de
conseguir un empleo. Muchas mujeres optan por retirarse del mercado
de trabajo (sólo el 48% de las mujeres en edad activa participan en
el mercado de trabajo cuando entre los varones la tasa de actividad
llega al 74%) y la tasa de desempleo femenina llega al 14% cuando
entre los varones es del 11%.
La
discriminación “no discrimina” por niveles ocupacionales. Se observa
tanto entre las mujeres profesionales como entre quienes tienen menor
nivel de formación. En este último caso, el agravante es que la discriminación
en los salarios y las oportunidades de empleo de la mujer tiene asociado
casi matemáticamente una situación de pobreza para todo el hogar.
Aunque
las normas laborales contemplen principios claro de no discriminación,
en la dinámica diaria del mercado de trabajo las evidencias son irrefutables.
Parte de este trato inequitativo seguramente se funda en falsos prejuicios
o, directamente, en actitudes machistas. Sin embargo, la otra parte
de la responsabilidad le cabe al inadecuado diseño de los mecanismos
que incorporan las normas laborales y de la seguridad social. Como
ocurre en otras áreas, nuestra legislación tiene una gran carga de
voluntarismo y muy poco sentido práctico.
En
el plano político, aunque la lógica de funcionamiento nada tiene que
ver con la del mercado de trabajo, ocurren fenómenos parecidos. Recién
en 1947 se nos reconoció a las mujeres el más elemental de los derechos
que es el de poder participar en la elección de nuestros representantes.
Varias décadas después las listas de legisladores de los partidos
políticos comenzaron a ser confeccionadas incorporando un principio
mínimo y elemental de equilibrio de género. Sin embargo, como ocurre
con la legislación laboral, es más lo que se declama que lo que efectivamente
se ha avanzado.
Los
roles femeninos en la política siguen siendo en la mayoría de los
casos, y salvando contadas excepciones, bastante secundarios. Más
para cumplir formalidades legales que para ejercer una justa representación.
Peor aún, lo que se percibe para las próximas elecciones legislativas
es que en lo formal las mujeres hemos avanzados en protagonismo, pero
en lo sustancial se trata de una inédita profundización de subordinación
a proyectos liderados por varones.
Hemos
llegado a extremos tales que la puja entre los dos principales líderes
políticos que hoy tiene el país se dirime en base a sus respectivas
esposas y a que en Córdoba se proponga como candidata a legisladora
a una mujer que declara que su vinculación con la Provincia es “visitarla
dos o tres veces al año”. Se trata de ejemplos de prácticas poco consistente
con el objetivo de que el papel de las mujeres en la política sea
función de sus méritos y capacidades.
La
experiencia de otros países señala con claridad que el desarrollo
sostenido no depende de liderazgos providenciales sino de instituciones
sólidas y de calidad. La salida para nuestra crisis no es seguir concentrando
poder en un proyecto hegemónico sino construir mejores instituciones.
Que las cosas funcionen bien, más allá de las personas. Así crecen
y progresan los países exitosos.
Constituye
una práctica política censurable usar a familiares directos o a la
extorsión financiera para sumar legisladores adictos. No debería ser
considerada una casualidad que se usen a mujeres, más allá de los
méritos y cualidades de cada una de ellas, para instrumentar este
tipo de estrategias.
Más
allá de las consideraciones éticas y el atropello de la Constitución,
se trata de un camino que no conduce a construir los cimientos de
un proceso de crecimiento y equidad. Las mujeres no necesitamos hacer
uso de parentescos ni de arreglos financieros espurios para ocupar
un espacio en la discusión política. A lo largo del tiempo hemos dado
pruebas mas que suficientes de que tenemos la capacidad y la sensibilidad
suficiente como para hacer un aporte muy relevante en la reconstrucción
institucional que nos lleve a un proceso de desarrollo económico y
social sostenido.
