Pleno
empleo,
¿una
cuestión
mal
planteada?
Por
Claus
Offe
*
Artículo
publicado
en
Dissent,
número
de
invierno
de
1995,
traducido
del
alemán
por
Krishna
Winston.
Tradujo
del
inglés
al
español
Leandro
Wolfson.
Cuando
decimos
que
algo
constituye
un
problema
es
porque
pensamos
que
puede
encontrársele
solución.
La
señal
que
emitimos
es
ésta:
si
reflexionamos
lo
suficiente,
consultamos
a
los
especialistas
apropiados,
fijamos
las
prioridades
como
corresponde
y
luego
actuamos
en
forma
decidida,
sin
duda
hallaremos
una
solución
para
el
problema.
Y
nos
damos
cuenta
de
que
hemos
hallado
esa
solución
cuando,
de
pronto,
el
problema
desaparece.
El
desempleo
no
debería
ser
descripto
como
un
"problema"
sino
como
un
fenómeno
sombrío.
No
es
un
problema
porque,
si
somos
realistas,
ya
no
podemos
esperar
que
haya
pleno
empleo
y,
por
lo
tanto,
el
pleno
empleo
no
es
una
solución
que
podamos
exhibir
responsablemente
ante
la
gente.
No
es
bueno
que
abordemos
esta
situación
penosa
y
crónica
con
la
retórica
del
pleno
empleo
de
la
que
tan
enamorado
está
el
Partido
Socialdemócrata
alemán.
Simplemente
tenemos
que
habituarnos
a
la
idea
de
que
una
gran
parte
de
nuestra
población
adulta
de
ambos
sexos
no
encontrará
ni
pan
ni
trabajo
en
empleos
"normales".
La
cuestión
fundamental
sigue
siendo
de
qué
manera
es
dable
estructurar
esta
situación,
en
caso
de
que
sea
posible
hacerlo,
a
fin
de
reducir
al
mínimo
sus
efectos
sociales
y
políticos.
El
desempleo
se
produce
cuando
es
mayor
el
número
de
personas
que
buscan
trabajo
que
el
número
de
personas
que
pueden
hallarlo.
Este
desequilibrio
puede
interpretarse
de
dos
maneras:
o
bien
la
demanda
de
trabajadores
es
"excesivamente
baja"
o
bien
la
oferta
es
"excesivamente
alta".
Nuestros
especialistas
en
política
social
y
económica
automáticamente
se
inclinan
por
la
primera
interpretación.
La
conclusión
que
se
extrae
normalmente
en
nuestra
era
poskeynesiana
es
que
a
fin
de
que
los
empleadores
puedan
crear
puestos
de
trabajo
en
el
orden
nacional
debe
reducirse
el
costo
de
la
mano
de
obra
(vale
decir,
los
salarios
más
los
beneficios
sociales)
o
deben
aumentar
los
incentivos
que
los
empleadores
reciben,
sea
cual
fuere
el
efecto
sobre
el
salario.
En
lo
tocante
a
reducir
el
costo
del
empleo,
las
teorías
prevalecientes,
que
se
orientan
hacia
la
oferta,
parten
de
la
premisa
de
que
una
mano
de
obra
"más
barata"
automáticamente
tendrá
como
consecuencia
más
puestos
de
trabajo.
Sostienen
que
el
costo
del
empleo
debe
aproximarse
al
"salario
de
equilibrio",
definido
como
aquel
que
hace
uso
de
toda
la
mano
de
obra
disponible.
Este
es
un
razonamiento
falso,
porque
en
toda
economía
desarrollada
hay
en
verdad
dos
salarios
de
equilibrio,
muy
diferentes
entre
sí.
El
que
equilibra
el
mercado
de
la
mano
de
obra
difiere
drásticamente
del
que
equilibra,
además,
el
mercado
de
mercancías;
y
si
no
se
equilibra
el
mercado
de
mercancías,
tampoco
puede
equilibrarse
el
de
la
mano
de
obra.
Si
los
bienes
producidos
no
logran
ser
comercializados,
esto
conduce
a
una
demanda
"excesivamente
baja"
de
mano
de
obra.
Dicho
de
otro
modo,
el
salario
no
representa
únicamente
un
costo
para
el
empleador
sino,
además,
un
ingreso
para
los
hogares
de
los
empleados.
Cuando
los
economistas
se
centran
estrechamente
en
una
u
otra
de
estas
dos
funciones
del
salario,
no
pueden
evitar
caer
en
el
desalentador
conflicto
que
opone
las
teorías
de
la
"derecha
liberal",
orientadas
hacia
la
oferta
y
que
exigen
reducir
los
salarios,
a
las
teorías
de
la
"izquierda
keynesiana",
orientadas
hacia
la
demanda
y
cuya
receta
es
defender
el
mantenimiento
del
salario
real
o
aun
incrementarlo,
teorías
ambas
que
actúan
con
vistas
al
logro
o
restauración
del
"pleno
empleo".
Este
debate
es
poco
fructífero
porque
si
bien
hay
muchos
argumentos
teóricos
en
favor
de
la
doctrina
orientada
a
la
oferta,
las
crudas
realidades
institucionales
vinculadas
con
el
salario
y
la
distribución
del
ingreso
en
la
República
Federal
Alemana
favorecen
la
teoría
de
la
demanda.
Desde
fines
de
la
década
del
70
ha
prevalecido
en
Europa
la
doctrina
económica
orientada
a
la
oferta,
en
tanto
que
el
keynesianismo
ha
perdido
casi
toda
su
vigencia
intelectual
y
práctica.
Las
cinco
razones
por
las
cuales
ocurrió
esto
son
bien
conocidas.
Primero,
la
globalización
de
las
relaciones
económicas
y
el
sistema
de
tipos
de
cambio
fluctuantes
volvieron
inútil
cualquier
intento
de
sustentar
la
hegemonía
económica
de
una
nación
mediante
métodos
keynesianos.
Segundo,
la
política
keynesiana
de
aumento
de
la
demanda
sólo
es
eficaz
cuando
se
aplica
"imprevistamente";
si
se
convierte
en
una
práctica
oficial
rutinaria,
lo
único
que
hace
es
fomentar
los
subsidios
a
la
inversión,
sin
generar
además
un
aumento
del
empleo,
y,
por
otro
lado,
da
lugar
a
las
otras
tres
causas
de
la
derrota
del
keynesianismo:
la
inflación,
el
aumento
de
la
deuda
externa
del
país
y
la
falta
de
capital
financiero,
sumada
a
los
mayores
costos
de
inversión.
Sin
embargo,
las
realidades
institucionales
imperantes
en
Alemania
(o
sea,
la
autonomía
de
las
escalas
salariales,
la
unificación
de
los
sindicatos,
los
acuerdos
regionales
sobre
salarios,
el
hecho
de
que
el
costo
de
los
sistemas
de
seguridad
social
estuviese
ligado
a
los
ingresos
y
fuese
compartido
proporcionalmente
por
empleadores
y
trabajadores)
tuvieron
como
objeto
crear
en
la
República
Federal
una
economía
sumamente
productiva
basada
en
las
exportaciones
industriales,
y
de
hecho
contribuyeron
a
lograrlo.
Bienes
de
alta
calidad
fueron
producidos
por
trabajadores
muy
calificados
y
muy
bien
remunerados
en
condiciones
laborales
sumamente
reguladas
(y
con
una
escala
ascendente
de
remuneraciones).
Todo
esto
se
llevó
a
cabo
con
la
protección
que
ofrecía
una
armonía
social
comparativamente
sólida,
a
la
que
los
propugnadores
de
este
"modelo
renano"
elogiaban
diciendo
que
era
el
"cuarto
factor
de
la
producción",
propio
de
la
economía
alemana.
En
este
modelo
se
veía
con
beneplácito
a
los
sindicatos
fuertes,
ya
que
ellos
brindaban
el
impulso
hacia
la
racionalización
indispensable
para
promover
la
modernización
en
toda
la
economía.
Y
eran
más
bienvenidos
todavía
por
cuanto
habían
contribuido
a
crear
en
Alemania
condiciones
laborales
que
sólo
pueden
llamarse
"de
lujo"
en
comparación
con
las
de
Estados
Unidos,
Francia
y
España.
No
obstante,
hoy
tenemos
que
hablar
de
estas
condiciones
de
pleno
empleo
y
prosperidad
como
de
una
cosa
del
pasado.
Los
motivos
son
bien
conocidos.
Permítaseme
recordarlos
bajo
el
título
de
"triple
globalización".
En
primer
lugar,
la
integración
económica
de
Europa
occidental
no
sólo
provocó
un
aumento
de
la
competencia
en
los
mercados
de
bienes
y
de
mano
de
obra,
sino
también
una
pérdida
de
la
hegemonía
nacional
en
el
ámbito
de
la
política
económica
y
social,
que
brindó
una
excelente
excusa
para
no
hacer
nada.
La
pregunta
"¿Qué
debe
hacerse?"
se
ha
vuelto
irrelevante,
y
ello
en
gran
medida,
simplemente,
porque
ninguna
nación
puede
avanzar
por
sí
sola.
Queda
por
verse
si
lo
que
los
países
miembros
de
la
Unión
Europea
ya
no
pueden
lograr
por
sí
solos
es
posible
que
sea
obtenido
mediante
la
integración
de
las
instituciones
y
las
políticas
europeas.
En
segundo
lugar,
la
productividad
de
las
economías
del
Este
asiático
no
sólo
está
destruyendo
de
manera
constante
la
ventaja
comparativa
que
la
economía
alemana
extrajo
antaño
de
su
infraestructura
y
tecnología,
sino
que
además
ha
vuelto
más
evidentes
ciertas
desventajas
relacionadas
con
la
ubicación
geográfica,
al
menos
para
la
República
Federal.
Y
en
tercer
lugar,
desde
fines
de
la
Guerra
Fría
no
sólo
los
países
de
la
Cortina
de
Hierro
sino
también
los
países
capitalistas
de
Europa
occidental
se
han
vuelto
"poscomunistas":
estos
últimos
deben
amoldarse
a
la
proximidad
de
sistemas
económicos
en
los
cuales
la
capacitación
de
la
fuerza
laboral
tal
vez
sea
semejante,
pero
donde
el
costo
de
la
mano
de
obra,
al
menos
por
ahora,
es
casi
la
séptima
parte
(por
ejemplo,
en
la
República
Checa).
Por
otra
parte,
ahora
que
desapareció
el
socialismo
de
Estado,
quedan
muchos
menos
incentivos
en
Occidente
para
conservar
el
pleno
empleo
y
los
generosos
beneficios
sociales
que
mantienen
a
la
población
contenta,
inmune
a
los
halagos
del
"otro
bando".
En
su
conjunto,
esta
globalización
poscomunista
tiene
como
consecuencia
altos
y
persistentes
niveles
de
desempleo
en
la
Unión
Europea.
En
los
países
de
la
región,
las
políticas
de
empleo
sólo
tienen
éxito
a
costa
del
aumento
de
la
desocupación
en
otros
países.
La
lógica
del
"crecimiento
sin
nuevos
puestos
de
trabajo"
divorcia
el
crecimiento
económico
del
aumento
del
empleo.
Las
sociedades
de
la
Unión
Europea
siguen
siendo
ricas
-ésa
es
la
diferencia
entre
la
situación
actual
y
la
depresión
de
fines
de
la
década
del
20,
que
se
hizo
extensiva
a
todo
el
mundo-,
pero
carecen
del
mecanismo
institucional
que
les
permitiría
distribuir
su
riqueza
entre
todos
los
ciudadanos.
Para
la
gran
mayoría
de
la
población,
la
regla
es
ésta:
un
individuo
sólo
puede
reclamar
participación
en
la
riqueza
del
país
si
percibe
un
ingreso,
ya
sea
por
su
trabajo
o
familia
o
derivado
del
sistema
de
seguridad
social.
Lo
que
se
está
experimentando
en
Europa
como
reacción
ante
esta
situación
es
la
aplicación
de
medidas
tendientes
a
una
disminución
más
o
menos
controlada
de
los
costos
del
empleo
y
de
la
seguridad
social.
Como
resultado
de
las
presiones
provenientes
del
mercado
mundial,
los
países
de
la
Unión
Europea
están
apartándose
de
sus
altos
niveles
de
ingresos
y
de
esas
condiciones
laborales
"de
lujo"
a
que
aludimos
antes.
Políticamente,
esta
transformación
se
ve
apoyada
además
por
un
creciente
"frente
capitalista
popular",
cuya
estrategia
defensiva
apunta
a
aumentar
el
empleo
reduciendo
los
salarios.
Los
recientes
acuerdos
para
acortar
la
semana
laboral
al
par
que
se
reducen
los
salarios,
indican
un
cambio
de
escena
rotundo
en
la
política
alemana
de
relaciones
obrero-patronales
y
de
escalas
salariales;
hasta
hace
poco
tiempo
habrían
resultado
totalmente
inaceptables.
Sin
embargo,
aún
no
se
sabe
si
esta
solución
conseguirá
siquiera
estabilizar
el
nivel
de
empleo.
A
este
mismo
orden
de
cosas
pertenece
la
valiente
sugerencia
del
destacado
teórico
socialdemócrata
Frizt
Scharpf
para
que
se
cree
en
la
economía
alemana
un
sector
de
bajos
salarios,
subsidiados
a
partir
de
la
recaudación
impositiva;
pero
no
tenemos
todavía
motivos
para
pensar
que
a
los
empleadores
les
interesará
crear
esos
puestos
de
bajo
costo,
ni
tampoco
es
seguro
que,
en
caso
de
interesarles,
podría
confiarse
en
que
los
destinarían
principalmente
a
los
trabajadores
que
recién
se
incorporan
a
la
fuerza
laboral
y
que
se
los
asignarían
a
los
alemanes
y
no
a
los
trabajadores
estacionales
extranjeros.
Sólo
si
se
logra
instar
a
los
empleadores
a
que
superen
estos
obstáculos
gracias
al
señuelo
de
los
subsidios
al
salario
podrían
alcanzarse
los
prometidos
efectos
favorables
sobre
el
desempleo
nacional.
Renta
mínima
garantizada
Los
modelos
de
renta
mínima
garantizada
difieren
en
un
aspecto
importante
de
todas
las
sugerencias
vinculadas
con
la
tributación
negativa
del
ingreso
en
el
sector
de
bajos
ingresos,
que
equivalen
a
una
reducción
de
los
salarios
sin
una
correspondiente
reducción
de
los
ingresos:
en
dichos
modelos,
la
transferencia
de
ingresos
no
está
ligada
a
las
circunstancias
individuales
(grado
de
necesidad,
empleo
actual,
disposición
al
trabajo
y
capacidad
para
éste,
etc.)
sino
exclusivamente
a
la
nacionalidad
y
quizás
a
la
edad
del
beneficiario.
Este
acuerdo
tiene
la
ventaja
de
que
la
transferencia
de
ingresos
ya
no
queda
sujeta
a
fluctuaciones
en
la
demanda
de
mano
de
obra,
sino
que
se
concreta
-y,
junto
con
ella,
disminuye
el
desempleo
manifiesto-
tan
pronto
como
los
ciudadanos
resuelven
aprovecharla.
De
acuerdo
con
su
situación
personal
y
con
la
situación
del
mercado
de
trabajo,
pueden
decidir
si
quieren
o
no
mejorar
su
ingreso
de
subsistencia
tomando
un
empleo
regular.
La
organización
de
la
transferencia
de
ingresos
según
este
esquema
tendría
en
cuenta
el
hecho
de
que,
a
raíz
de
su
falta
de
idoneidad
o
de
la
escasa
demanda,
muchos
trabajadores
no
podrán
integrarse
nunca
de
manera
permanente
al
mercado
laboral,
ni
siquiera
cobrando
salarios
sumamente
bajos.
Y
pretender
lo
contrario
carecería
de
sentido,
ya
que
se
someterían
a
una
reiterada
y
humillante
experiencia
de
fracaso.
Las
actuales
iniciativas
y
propuestas
sobre
el
mercado
de
trabajo
y
las
políticas
salariales
tienen
esto
en
común:
su
dinámica
es
defensiva.
En
el
mejor
de
los
casos,
mantienen
los
puestos
de
trabajo
existentes,
pero
no
crean
otros
nuevos.
Tal
vez
estimulen
a
los
empleadores
a
contratar
trabajadores
o
a
no
despedirlos;
pero
si
se
provoca
una
disminución
en
el
salario
real,
se
les
vuelve
más
difícil
a
los
productores
de
bienes
de
consumo
vender
sus
artículos.
Esto
deja
sin
respuesta
la
pregunta
acerca
de
si
una
política
de
desmantelamiento
deliberado
de
las
amplias
garantías
jurídicas
en
materia
de
empleo
y
de
la
protección
social
de
que
gozaron
los
trabajadores
alemanes
podrá
prevenir,
y
durante
cuánto
tiempo,
ciertas
reacciones
desesperadas
que
ya
se
están
manifestando:
por
un
lado,
la
lucha
combativa
de
la
izquierda
en
favor
de
la
protección
oficial
de
los
puestos
de
trabajo;
por
el
otro,
la
batalla
chauvinista
que
lleva
a
cabo
la
derecha
para
obtener
esa
misma
protección
contra
los
trabajadores
"extranjeros"
que
buscan
trabajo.
Si
estas
luchas
se
transforman
en
un
fenómeno
masivo,
en
una
o
en
otra
versión,
es
de
presumir
que
enfrentaremos
desafíos
de
una
envergadura
casi
desconocida
en
Europa
desde
la
Segunda
Guerra
Mundial.
No
sólo
estará
en
juego
la
distribución
equitativa
de
la
riqueza
social
sino
también
la
supervivencia
de
las
instituciones
y
de
los
procedimientos
políticos
democráticos.
Estas
son
las
sombrías
perspectivas
que
se
abren
cuando
uno
se
aferra
a
la
idea
de
que
debe
haber
una
oferta
permanente
de
asalariados
que
se
vean
forzados
a
ocupar
puestos
de
trabajo
cobrando
cada
vez
menos.
Una
lectura
distinta,
menos
frecuente,
del
desequilibrio
existente
en
el
mercado
laboral
es
la
siguiente:
lo
que
necesitamos
no
es
un
aumento
de
los
puestos
de
trabajo
sino
una
reducción
del
volumen
del
trabajo
disponible
(producto
de
multiplicar
la
cantidad
de
personas
que
buscan
empleo
por
la
cantidad
de
horas
laborables
de
cada
una).
Es
fácil
enumerar
los
mecanismos
mediante
los
cuales
podría
conseguirse
esto.
En
primer
término,
mediante
la
prohibición
efectiva
de
que
ciertos
trabajadores
ingresen
al
mercado
laboral,
específicamente
los
extranjeros
y
las
mujeres
casadas;
por
razones
legales
y
morales
esta
medida
no
puede
ponerse
en
práctica.
Debe
desecharse
cualquier
posibilidad
de
influir
en
la
oferta
de
trabajo
a
través
del
control
de
la
composición
de
la
fuerza
laboral.
Queda,
entonces,
el
control
del
tiempo
de
trabajo:
la
oferta
puede
racionarse
por
día,
semana,
año
y,
aun,
a
lo
largo
de
toda
la
vida,
de
modo
tal
que,
en
caso
de
permanecer
constantes
todos
los
demás
factores,
pudiera
reducirse
la
sobreoferta
de
mano
de
obra
o
quizá
evitársela
por
completo
en
el
futuro.
A
mediados
de
la
década
del
80
prevalecía
este
modelo
conceptual
en
las
medidas
vinculadas
con
el
tiempo
de
trabajo.
En
la
práctica,
su
debilidad
radica
en
que
el
hecho
de
adherir
a
él
les
impone
a
las
personas
empleadas
una
"tensión
moral".
¿Por
qué
voy
a
aceptar
reducir
mis
horas
de
trabajo
(renunciando
así
a
una
parte
de
mis
ingresos
o
a
su
aumento)
simplemente
para
que
otro
pueda
trabajar,
sobre
todo
si
no
hay
ninguna
seguridad
de
que
el
empleador
recompense
o
pueda
recompensar
mi
sacrificio?
¿Realmente
actuará
el
empleador
para
que
ese
menor
tiempo
de
trabajo
mío
y
de
otros
se
traduzca
en
un
aumento
de
la
fuerza
laboral
o,
por
lo
menos,
en
su
estabilidad?
De
no
ser
así,
todos
terminaríamos
peor
que
antes.
La
consecuencia
es
que
por
el
lado
de
la
oferta
poco
es
lo
que
puede
lograrse
en
el
mercado
laboral,
ya
sea
mediante
el
control
de
su
composición
o
del
tiempo
de
trabajo.
Y
esto
seguirá
siendo
cierto
en
la
medida
en
que
la
sociedad
sostenga
que
el
valor
y
el
éxito
de
la
vida
de
un
individuo
se
manifiesta
en
el
mercado
laboral
y
en
la
prosperidad
que
alcanza
como
asalariado.
Este
concepto
de
la
normalidad
es
tan
equivocado
como
imperativo.
Es
equivocado
porque
impulsa
a
mucha
gente
a
una
competencia
frenética
en
la
que
sólo
puede
perder;
y
es
imperativo
porque
de
hecho,
en
nuestra
sociedad
orientada
al
trabajo,
las
instituciones
dominantes
reservan
aquello
que
vuelve
la
vida
digna
de
ser
vivida
(libertad,
independencia,
seguridad,
reconocimiento,
autoestima)
para
quienes
demuestran
ser
capaces
de
insertarse
en
la
vida
económica
percibiendo
un
salario.
Los
que
fallan
en
el
cumplimiento
de
esta
norma
(porque
están
desocupados)
o
los
que
resuelven
no
adherir
a
ella
(por
ejemplo,
las
madres,
las
"meras
amas
de
casa"
o
sus
maridos
cuando
deciden
hacerse
cargo
de
los
quehaceres
domésticos)
necesitan
esgrimir
muy
buenos
justificativos
para
evitar
que,
ante
sus
propios
ojos
y
los
de
los
demás,
aparezcan
como
perdedores.
Quienquiera
que
no
trabaje,
al
menos
intermitentemente
o
una
parte
de
la
jornada,
sufre
notables
desventajes
en
lo
que
concierne
a
su
nivel
de
ingresos
y
a
su
seguridad
-y,
a
menudo,
también
una
(auto)condena
moral-.
Los
fundamentos
morales,
culturales
e
institucionales
de
la
sociedad
orientada
al
trabajo
retribuyen
al
asalariado,
pero
muchos
ciudadanos
ya
no
están
en
condiciones
de
recibir
esa
retribución.
La
sociedad
moviliza
una
constante
oferta
de
mano
de
obra
que
es
incapaz
de
absorber,
que
no
puede
utilizar
en
la
producción
de
bienes
y
servicios.
Entretanto,
la
noción
de
que
uno
puede
participar
en
los
bienes
y
valores
de
la
vida
sólo
si
logra
comercializar
con
éxito
su
trabajo
en
el
mercado,
se
ha
vuelto
moralmente
indefendible.
¿Qué
justificativo
tiene
la
idea
de
que
la
sumatoria
de
las
actividades
útiles
que
un
ser
humano
es
capaz
de
realizar
debe
pasar
a
través
del
ojo
de
la
aguja
del
contrato
establecido
con
un
empleador?
¿O
que
es
lícito
limitar
las
oportunidades
para
el
consumo,
la
seguridad
social
y
la
posición
social
a
quienes
se
las
han
ganado
en
el
mercado
de
trabajo?
Uno
de
los
argumentos
en
favor
del
pleno
empleo
que
está
ganando
un
apoyo
creciente,
aunque
a
veces
francamente
escéptico,
sugiere
que
la
integración
del
mayor
número
posible
de
personas
al
mercado
laboral
es
deseable
no
por
motivos
de
justicia
social
sino
de
control
social.
La
concepción
pesimista
sobre
la
naturaleza
humana
subyacente
en
este
argumento
es
evidente:
si
los
seres
humanos
no
trabajan
bajo
supervisión
y
dentro
del
marco
de
las
obligaciones
contractuales
formales,
necesariamente
caerán
en
un
estilo
de
vida
caótico.
Este
argumento
desacredita
retroactivamente,
por
cierto,
el
valor
humano
del
progreso
técnico
y
económico
que
en
el
pasado
permitió
liberar
a
las
personas
de
un
esfuerzo
agotador.
Al
mismo
tiempo,
reconoce
tácitamente
el
carácter
lamentable
de
un
orden
social
que
sólo
es
capaz
de
mantener
en
línea
a
sus
ciudadanos
a
través
de
formas
de
trabajo
estructuradas.
En
esta
situación,
no
es
muy
provechoso
elogiar
un
estilo
de
vida
modesto.
El
hecho
de
asegurarle
a
alguien
que
puede
resultarle
muy
gratificante
"hacer
algo
significativo
para
los
demás",
ya
sea
en
el
seno
de
la
familia
o
en
tareas
voluntarias,
o
bien
dedicándose
a
la
vida
contemplativa,
difícilmente
logre
persuadirlo
a
que
se
quede
en
su
casa
alimentando
el
fuego
del
hogar.
Como
diría
Brecht,
simplemente
las
circunstancias
no
se
dan
así.
Por
el
contrario:
los
ciudadanos
de
nuestra
sociedad
orientada
al
trabajo
encuentran
demasiado
atractivas
las
recompensas
materiales
e
inmateriales
ligadas
a
la
existencia
presuntamente
"normal"
del
asalariado
como
para
que
un
número
considerable
de
personas
piense
en
la
posibilidad
de
renunciar
a
un
empleo
de
jornada
completa
y
al
ingreso
correspondiente.
Más
aun:
cuanto
más
improbable
se
torna
que
cada
adulto
consiga
un
trabajo
seguro,
satisfactorio
y
bien
pagado,
más
frenética
y
agresiva
se
vuelve
la
competencia
-entre
las
generaciones,
los
sexos,
los
grupos
étnicos-
por
ese
"bien
supremo".
Teniendo
en
cuenta
el
valor
exagerado
que
se
le
asigna
al
trabajo
formal,
algunos
profetas
conservadores
creen
que
la
vida
al
margen
del
mercado
laboral
(en
la
familia,
la
comunidad,
dedicada
al
cuidado
del
jardín
o
en
cooperativas,
redes
o
asociaciones)
debería
revalorarse
mucho
más
de
lo
que
puede
hacérselo
mediante
una
alabanza
moralista
de
las
modestas
expectativas,
el
renunciamiento
y
el
sentido
comunitario.
La
revaloración
del
ocio
y
de
la
actividad
individual
autónoma
con
que
podría
ocupárselo
o,
a
la
inversa,
la
desvalorización
social
del
mercado
laboral,
es
un
proyecto
que
apunta
al
corazón
mismo,
moral,
institucional
y
económico
de
las
sociedades
industriales
democráticas.
Estas
sociedades
no
tienen
idea
alguna
de
cómo
enfrentar
el
problema
derivado
de
que
su
riqueza
es
producida
por
un
porcentaje
cada
vez
menor
de
sus
habitantes,
mientras
por
otro
lado
todos
ellos
pretenden
una
adecuada
participación
en
esa
riqueza.
No
es
preciso
ser
un
vidente
para
saber
cuál
será
el
problema
fundamental
que
enfrentarán,
tanto
en
el
plano
nacional
como
mundial,
las
instituciones
de
la
sociedad
económica
en
el
futuro
inmediato.
Los
sectores
de
la
población
que
generan
valor
económico
se
reducirán,
e
irán
desapareciendo
los
canales
de
la
familia,
el
Estado
benefactor
y
la
ayuda
para
el
desarrollo,
que
antaño
proporcionaron
medios
de
subsistencia
y
oportunidades
de
participación
a
las
personas
y
regiones
del
mundo
que
están
fuera
del
"núcleo
productivo"
de
la
economía
mundial.
Derechos
Económicos
En
la
medida
en
que
todos
los
asalariados
participan
en
la
producción
de
la
riqueza
de
un
país,
el
problema
de
su
distribución
se
reuelve
a
través
del
empleo
de
cada
cual,
pero
cuando
esto
deja
de
ser
así
y
esta
situación,
supuestamente
normal,
cesa
para
siempre,
el
problema
de
la
distribución
sólo
puede
solucionarse
estableciendo
derechos
económicos
específicos
que
todos
los
ciudadanos
se
concedan
mutuamente.
Un
sistema
de
esta
índole
puede
articularse
sobre
la
base
de
tres
principios.
Primero:
nadie
tiene
derecho
a
excluir
de
la
participación
en
el
mercado
laboral
a
categorías
enteras
de
la
población
(por
su
sexo,
edad,
nacionalidad,
grado
de
capacitación,
etc.).
Segundo:
dado
que
los
ciudadanos
de
edad
adulta
no
gozan
del
"derecho
a
trabajar"
sino
del
derecho
a
competir
por
un
empleo,
todos
aquellos
que
voluntariamente
se
abstengan
de
competir
les
estarán
haciendo
un
favor
a
quienes
queden,
ya
que
las
posibilidades
de
estos
últimos
aumentarán
en
consecuencia.
Por
lo
tanto,
los
que
se
retiran
de
la
competencia
tendrían
que
ser
compensados
durante
todo
el
tiempo
que
no
participen
en
el
mercado
laboral.
Esa
compensación
podría
adoptar
la
forma
del
derecho
a
una
renta
mínima,
sin
ninguna
condición
ulterior
(como
el
grado
de
necesidad,
la
disposición
a
trabajar
o
las
circunstancias
por
las
que
atraviesa
la
familia),
la
cual
debería
financiarse
mediante
impuestos
y
tener
un
nivel
compatible
con
una
vida
modesta.
Tercero:
la
compensación
por
retirarse
del
mercado
laboral
-decisión
con
respecto
a
la
cual
los
individuos
podrían
cambiar
de
opinión
en
cualquier
momento-
no
tendría
que
retribuir
simplemente
el
hecho
de
que
el
individuo
sustraiga
su
trabajo
de
la
economía,
sino
que
debería
alentarlo
a
que
lo
destinara
a
otros
usos
diferentes
de
su
venta
a
cambio
de
un
salario.
Es
verdad
que,
fuera
del
círculo
íntimo
de
la
familia,
no
es
fácil
hallar
estas
posibilidades,
ya
que
a
medida
que
las
sociedades
industriales
se
desarrollaron,
tendieron
a
forzar
a
los
trabajadores
a
caer
en
la
"trampa
de
la
modernización":
durante
mucho
tiempo,
el
mercado
laboral
pareció
tanto
más
retributivo
que
cualquier
tipo
de
actividad
autónoma
informal,
que
estas
actividades
desaparecieron
en
gran
medida
y,
hoy,
cuando
el
mercado
ya
no
puede
absorber
el
volumen
de
mano
de
obra
disponible,
no
se
cuenta
con
una
reserva
de
ellas
para
alimentar
una
economía
de
subsistencia.
Consecuentemente,
no
hay
motivos
para
suponer
que
estas
formas
alternativas
de
actividad
útil
brotarán
de
manera
espontánea
o
por
decreto;
hay
que
reinventarlas,
auspiciarlas
y
estimularlas.
El
reordenamiento
sistemático
del
trabajo
según
estos
principios
no
eliminará
el
desempleo,
pero,
como
es
improbable
que
lleguemos
a
tener
alguna
vez
suficiente
trabajo
para
todos,
convendría
fomentar
esta
clase
de
acuerdo
social,
capaz
de
generar
condiciones
tolerables
y
así
disminuir
la
probabilidad
de
un
conflicto
social.
