Reflexiones
sobre la reducción de edad de inimputabilidad
penal de menores.
La falsa Solución
Por Mauro Alejandro Calzolari
Candidato a Diputado de Primero la Gente
En los últimos años y mientras nos encontramos
asediados por el aumento de la delincuencia, asistimos a un reclamo
social generalizado que da origen a innumerables proyectos de legisladores.
Estos proyectos se han actualizado en la opinión pública los últimos
días, cuando el nuevo Ministro de Justicia trajo nuevamente el tema
a discusión. Se propugna una reducción de la edad de imputabilidad
penal para los menores de edad; que se encuentra establecida por la
ley nacional 22.278, en dieciséis años de edad; como respuesta al
incremento en la cantidad de graves delitos cometidos por jóvenes
y adolescentes.-
Es preciso establecer que aún en el supuesto
caso que una nueva ley establezca
cualquier edad para la sanción penal de los menores de edad, estos
lo serán eventualmente y en el mejor de los casos alcanzados por una
pena casi siempre mínima; pues se desconocen algunos aspectos del
régimen especial penal para la minoridad, que en la práctica hace
irrelevante el cambio de la edad. Con modificación de la edad de imputabilidad
o sin ella, los efectos que los legisladores pretenden no se verán
plasmados, si no media modificación del artículo cuarto de la ley
22.278; precepto que hasta la fecha no ha sido objeto de ninguna discusión
ni se expresan manifestaciones para su modificación. Esto hace inconducente
cualquier cambio destinado a reducir la edad de imputabilidad.
La actuación judicial ha consagrado una
enorme reducción de las penas de los hechos consumados por menores
de edad que no estaría establecida en nuestro ordenamiento legal,
por medio de una interpretación errónea del precepto legal. Esto quiere
decir que si un menor es encontrado autor responsable del delito de
homicidio, en definitiva se le aplica en la mayor de las veces, la
sanción establecida para ese delito pero disminuida a la escala del
delito no consumado, entre un tercio y la mitad de la pena.
¿Cómo fundan la mayoría de los magistrados
de menores esta aplicación? En la segunda
parte del artículo cuarto de la ley 22.278 cuando indica: "...
si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado
del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez
hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo
reducirla en la forma prevista para la tentativa..."
La mera lectura por parte de cualquier ciudadano
no instruido en derecho, respecto del antes citado párrafo de la ley,
es suficiente ilustración para entender que el juez puede reducir
la sanción aplicando la escala de la tentativa; atendiendo a las modalidades
del hecho, sus antecedentes y la impresión recogida por el magistrado.
Puede no quiere decir debe. Pero
existen contados casos en nuestro país donde el magistrado que debe
fallar, entienda que el régimen penal de la minoridad no le exija
la aplicación de la sanción disminuida para el menor de edad responsable
por la comisión de un delito, ante el fracaso de su tratamiento tutelar.
Esta difundida práctica judicial, hace que
cualquier cambio de la edad a partir de la cual la ley entiende que
un menor es pasible de recibir una sanción penal, en función del reclamo
social tendiente a un endurecimiento de la política criminal en este
aspecto; no tendría ninguna implicancia en la realidad si se ignoran
estos comportamientos ampliamente difundidos en los tribunales argentinos;
que hecha por tierra toda posibilidad de respuesta en tal sentido.
Como interpretaba el lúcido jurista que cimentó nuestra organización
nacional, Juan Bautista Alberdi, en sus "Bases y Puntos de Partida
para la organización política de la República Argentina": "....La
ley, la Constitución, el gobierno, son palabras vacías, si no se reducen
a hechos por la mano del juez que, en el último resultado, es quién
los hacer ser realidad o mentira."
Es sorprendente el desconocimiento del régimen
legal vigente por parte de los legisladores que entienden, que la
sola reducción de la edad para considerar acreedor de una sanción
penal es garantía de su aplicación en el caso concreto. Estos actores
sociales ignoran que el juez es quién, en definitiva, tiene la facultad
de no aplicar sanción alguna a un menor de edad, si entiende que no
es necesaria.- Expertos en temas de legislación de menores, admiten
que los jóvenes no son imputables sino eventualmente imputables;
pues su participación en un acto tipificado como delito por nuestra
legislación penal a quién la ley le otorga la categoría de menor imputable;
no garantiza que el mismo se haga acreedor a sanción penal alguna.
Ahora bien, ¿cual es el clamor público de
la sociedad respecto del régimen penal para los menores de edad?. La mayor parte de la población exige que la delincuencia
juvenil tenga sanción. No como mera retribución a un daño generado,
sino como respuesta a una nueva simiente social, que persigue educar
a sus nuevas generaciones en el sentido de responsabilidad. Es esa
la finalidad que se tiene en vista al proponer las reformas a la edad
de imputabilidad. Entonces si es ese el fin, nuestros representantes
en el poder legislativo deben conocer todas las implicancias que una
reforma de estas características conlleva, para no quedar en un cambio
cosmético que no logre modificar nada.
Argentina necesita responsabilidad en sus
dirigentes. Si los actores sociales se conforman con la mera mención
de pegadizos postulados, hermosas frases que resuenan en el inconsciente
colectivo como letanías de cumplimiento asegurado, nuestra sociedad
sucumbirá en la inconsistencia. Basta de falsas soluciones. La reducción
de la edad de imputabilidad penal, piedra filosofal de quienes
pretenden solucionar el acuciante problema de la inseguridad de nuestra
comunidad, es una falsa solución.
La recordada sentencia de Ortega y Gasset: "argentinos a las cosas", no es otra que
decir: argentinos a la realidad, dejad la inconsistencia del no ser.
Para cumplir con ese objetivo, y como escuchando al filósofo español,
se debe indagar desde la realidad nuestros problemas y proponer soluciones
coherentes y eficaces.
Los legisladores nacionales, no solo deben
conocer y representar el lugar de donde son elegidos; también deben
saber sobre lo que tienen por hacer....!
