Córdoba:
Democracia transparente

Indice

- Criterios Generales *

- Córdoba, democracia transparente.
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- Reformas al Poder Ejecutivo municipal *

- La transformación del Consejo Deliberante. *

- Reformas en el Tribunal de cuentas municipal *

- Nuevo Rol del Tribunal administrativo municipal de faltas *

 

II.1. Criterios Generales.

El principio que anima nuestra propuesta de reforma política en Córdoba es no negociable: el poder es de la comunidad. Esto significa que el poder de decisión debe estar lo más cerca posible del vecino. Que tampoco quede la representación encerrada en el marco de los partidos políticos, cuando los ciudadanos quieren elegir como representante a vecinos prestigiosos que no militan en ninguna fuerza.

El principio de subsidiariedad, que obliga al Estado a no hacer lo que pueden hacer los particulares o la comunidad -salvo sus funciones esenciales de seguridad, justicia, salud y educación- también supone para nuestra gestión un norte y un criterio de decisión.

Por último, estamos convencidos que la búsqueda del bien común que debe inspirar el gobierno de la municipalidad, obliga a sus gobernantes a buscar, en un marco de respeto incondicional al equilibrio fiscal, la mayor cantidad de servicios municipales y la eficiencia en la gestión con el menor costo posible para los contribuyentes.

A continuación detallamos algunas líneas fundamentales del proyecto de reforma política integral que pretende presentar nuestro movimiento en las próximas elecciones municipales.

Córdoba, democracia transparente.

Para terminar con la vieja política es necesario dar "golpes de muerte" a la partidocracia, al clientelismo y a la corrupción. Nuestro movimiento se propone instrumentar, en los primeros meses de su gobierno, una reforma política de fondo. Pero no basado en cuestiones circunstanciales, que luego -en el próximo período- vuelven atrás, sino de cuestiones estructurales, con la intención de forjar instituciones transparentes que perduren más allá del próximo gobierno.

Una reforma estructural supone la modificación de la carta orgánica municipal para eliminar derechos que fueron establecidos por razones corporativas en la última convención municipal.

La "mayoría automática" al partido que gana y otras barbaridades políticas de ese tenor están garantizadas por esta ley fundamental de la ciudad. También habrá que propiciar la reforma de leyes provinciales y de ordenanzas municipales. Es importante que la reforma a todas estas leyes tenga una visión sistémica, esto es, hay que transformar todos los aspectos que fallan y no sólo algunos y lograr que las reformas políticas sean efectivas De lo contrario -y según un aforismo muy popular entre los políticos- haremos sólo un "cambio para que nada cambie".

Reformas al Poder Ejecutivo municipal

La primera decisión de gobierno será limitar los cargos políticos en la estructura ejecutiva a nivel de secretarías y auxiliares directos. Los demás cargos directivos se cubrirán únicamente por concurso público de oposición, bajo control de un cuerpo profesional de las universidades locales. Estas decisiones dependen del intendente, y no habrá problemas de implementarlo en lo inmediato.

Sin embargo, este no es el principal problema de la planta política. El verdadero costo político está concentrado en los miles de contratados que cada gestión ingresa a la planta durante su gestión. Martí nombró mas de 1600 contratados (que luego pasaron a planta permanente) y la actual gestión más de 1400.

Respecto de estos últimos se dispondrá el fin de sus contratos y es nuestro compromiso no nombrar a ningún empleado contratado, y trabajar todas las áreas directamente con la planta permanente de la municipalidad.

En la actualidad hay una ordenanza que regula el concurso, pero en la realidad no se ha cumplido nunca. Nuestra intención es firmar acuerdos con las universidades de la Ciudad para organizar una especialización en administración pública de la Municipalidad de Córdoba, que será obligatorio como condición para concursar en los cargos directivos.

La disminución de los cargos políticos y la formalización del sistema de acceso irá acompañado de mecanismos que garanticen transparencia de los salarios de los directivos, con un sueldo único que incluya todo concepto.

Se definirá y publicitará que reconocimientos de gastos y viáticos se harán y se eliminará cualquier otra remuneración extra que no esté debidamente justificado.

Así también debe hacerse operativa la norma que establece la obligatoriedad de presentación pública de declaración jurada de todos los funcionarios, tanto políticos como por concurso, antes y después del desempeño del cargo.

Una vez que "la cabeza" del Poder Ejecutivo municipal de ejemplo de transparencia y austeridad, podemos exigir el mismo compromiso por parte de todo el personal de la Municipalidad.

Los miembros del movimiento PRIMERO LA GENTE creemos que ha llegado el momento de pensar mecanismos que flexibilicen el principio de estabilidad laboral del empleado público, que -en la actualidad- se presenta como un obstáculo insalvable para realizar ciertas reformas integrales que requiere el buen gobierno de la ciudad.

No hablamos de ajustes indiscriminados o de cálculos fríos que obligan a reducir el número de empleados sin importar en qué área se desempeñan o cómo realizan sus trabajo. Hay ciertas áreas del gobierno municipal que ofrecen servicios básicos para los vecinos, pero hay otras áreas políticas o burocráticas que han acumulado empleados hasta producir serias distorsiones.

La sensibilidad social del Gobierno municipal estará dado, en definitiva, por el mejor servicio que pueda brindar en cuestiones esenciales como salud y educación, y la eficacia y transparencia que le imprima al desarrollo del plan de asistencia social, y no por el mantenimiento de personal nombrado por cuestiones políticas.

En la misma línea, es importante garantizar que los empleados puedan elegir libremente la obra social, denunciando el contrato de exclusividad actual con el IPAM.

La transformación del Consejo Deliberante.

Aunque coincidimos que el número de concejales no es el debate sustancial, sino más bien la calidad de estos representantes, en un momento en el que se requiere optimizar el funcionamiento de las instituciones, propugnamos una disminución del número de Concejales a 14.

La propuesta se integra con nuestra intención de dividir la ciudad de Córdoba en 14 zonas (coincidente con los 14 CPC planeados) para que cada zona elija a un representante.

De nada sirve, tampoco, hablar de "terminar con las listas sábanas" a través del voto de preferencia (tachar candidatos o agregar en espacios vacíos) si todo indica que los cordobeses no realizarán semejante tarea en el cuarto oscuro. Nuestra propuesta es una simplificación máxima: que cada zona de la ciudad vote un concejal. Esa es una reforma efectiva: entramos al cuarto oscuro y encuentro la boleta con un solo nombre (el representante que quiero para mi zona).

Los candidatos de cada zona, podrán serlo de pequeñas organizaciones políticas que se formen al efecto, cumpliendo mínimos requisitos. Mientras el monopolio de los partidos políticos para la presentación de candidaturas siga vigente por mandato constitucional a nivel nacional y provincial, una solución práctica de parte de nuestro gobierno será simplificar hasta el extremo las formalidades para constituir un partido vecinal que pueda presentar candidatos.

Estas mismas organizaciones político-comunitarias podrán presentar candidatos para elegir a los directivos del CPC de su zona y para las autoridades de los centros vecinales. No creemos que sea bueno unificar la figura del Director del CPC (que exige una personalidad de liderazgo ejecutivo) con la del concejal de la zona (que responde más al de un técnico capaz de interpretar las necesidades, legislar y controlar).

Estas transformaciones estructurales no nos garantizan sin embargo un mejor funcionamiento del Concejo Deliberante, si no van acompañadas por reformas en su dinámica funcional.

Desde limitar el número de "proyectos de resolución" por legislador, ya que estos proyectos no tienen ninguna consecuencia práctica para la ciudadanía, hasta la conformación de un cuerpo único de asesores técnicos para todo el CD en el que participen técnicos elegidos por concurso publico o de las diversas universidades contratados para fines específicos o técnicos voluntarios que quieran acercar su aporte, con lo que cada concejal no debería requerir más que de una secretaria/ayudante. Si el concejal quiere tener un equipo de prensa, o alguien que le brindara otros servicios personales, deberá pagarlo de su bolsillo.

Finalmente, destacamos nuestro propósito de lograr un Concejo Deliberante con ingresos transparentes para los legisladores en un esquema similar al de los integrantes del ejecutivo.

Reformas en el Tribunal de cuentas municipal

Aunque es una de las instituciones menos conocida por la comunidad, cumple un rol fundamental en lo que hace a la transparencia de la gestión municipal y la lucha contra la corrupción.

Lamentablemente la selección de los miembros de este tribunal establecido por la carta orgánica es pésimo, manteniendo el mal criterio que se consignara a nivel provincial (¿estas seguro que a nivel provincial es igual?).

Nuestra propuesta es que la elección de los miembros del Tribunal de Cuentas sea hecho por concurso Público de oposición, bajo control de un cuerpo profesional de las universidades locales.

Nuevo Rol del Tribunal administrativo municipal de faltas

Uno de los compromisos más importantes que asume nuestro movimiento es lograr un esquema de reglas claras para la ciudad que no sean reformadas cada dos por tres y -sobre todo- que sean cumplidas por todos los miembros de la comunidad, sin excepción.

Hecho este ordenamiento, los juzgados de faltas –único órgano jurisdiccional de la ciudad- pasarán a cumplir un rol esencial en la aplicación de estas normas en los casos concretos. Es importante por ello, que garanticemos la transparencia en la selección de los jueces de falta. Nuestra propuesta es que sean elegidos a través de concurso público de oposición.